Referéndum

Según el artículo 92 de la Constitución, lo convoca el Rey a propuesta del presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso, que debe darla por mayoría absoluta sobre los términos exactos de la consulta (artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1980). La ley no fija un mínimo de participación ni dice que su resultado sea vinculante. Por esta vía se celebraron el referéndum sobre la OTAN de 1986 y el del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, votado el 20 de febrero de 2005.

La reforma constitucional del artículo 168 requiere siempre ratificación en referéndum, y la del artículo 167 si lo pide una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras. También se prevén referéndums en la vía de acceso a la autonomía del artículo 151 y para aprobar o modificar los estatutos elaborados por ese procedimiento (artículos 151 y 152).

Autorizar la convocatoria es competencia exclusiva del Estado (artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1980). Salvo los referéndums constitucionales, no puede celebrarse ninguno en los 90 días anteriores o posteriores a elecciones parlamentarias o locales generales, ni durante los estados de excepción o sitio.

Sus partidarios lo ven como una forma directa de legitimar decisiones importantes. Sus críticos advierten de que una pregunta de sí o no puede reducir cuestiones complejas y dejar sin definir las condiciones de lo que se aprueba.