Inmunidad parlamentaria

La regula el artículo 71.2 de la Constitución. No impide juzgar a un parlamentario ni le exime de responder por un delito: exige que antes se pida permiso a la Cámara mediante un suplicatorio.

El Tribunal Constitucional la configura como una prerrogativa institucional y no como un privilegio personal. Su finalidad es evitar que la vía penal se utilice para perturbar el funcionamiento de las Cámaras (STC 206/1992, que cita la STC 90/1985).

Son tres figuras distintas que a menudo se confunden. La inviolabilidad impide exigir responsabilidad por las opiniones expresadas en el ejercicio del cargo. La inmunidad condiciona la detención y el procesamiento a lo largo del mandato. El aforamiento determina qué tribunal es competente: en el caso de diputados y senadores, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (artículo 71.3).