Aforamiento

Diputados y senadores responden penalmente ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (artículo 71 de la Constitución), igual que el presidente y los miembros del Gobierno (artículo 102). Las leyes y los estatutos de autonomía extienden el aforamiento a otros cargos, como jueces, fiscales o parlamentarios autonómicos, estos últimos ante los tribunales superiores de justicia en la mayoría de los casos.

Se justifica como protección del cargo frente a denuncias con motivación política. Sus críticos lo consideran un privilegio, y más por el número de aforados en España en comparación con países de su entorno. También tiene un coste para el aforado: si le juzga directamente el Tribunal Supremo, no hay un tribunal superior ante el que recurrir la sentencia, más allá del recurso de amparo.

El aforamiento va ligado al cargo. Por regla general, cuando se deja, el caso pasa al juzgado ordinario, salvo que el procedimiento esté ya avanzado.

La inviolabilidad protege a los parlamentarios por las opiniones y los votos emitidos en el ejercicio de su función. La inmunidad impide detenerlos, salvo en flagrante delito, o procesarlos sin autorización de su cámara, el llamado suplicatorio.