Artículo 155 de la Constitución

Se aplica cuando una comunidad autónoma incumple obligaciones constitucionales o legales, o actúa de forma que atente gravemente al interés general. El Gobierno debe requerir antes al presidente autonómico y, si no es atendido, solicitar la aprobación del Senado por mayoría absoluta. Para ejecutar las medidas puede dar instrucciones a todas las autoridades de la comunidad.

La Constitución no enumera qué medidas caben, de modo que deja un amplio margen al Gobierno y al Senado.

El Pleno del Senado aprobó el 27 de octubre de 2017 las medidas propuestas por el Gobierno, entre ellas el cese del presidente y del Consejo de Gobierno de la Generalitat. El Parlamento autonómico fue disuelto y se convocaron elecciones. Las medidas tenían vigencia hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno catalán, que se produjo el 2 de junio de 2018.

En dos sentencias de 2 de julio de 2019, aprobadas por unanimidad, el Tribunal avaló en su práctica totalidad el acuerdo del Senado. Definió el artículo 155 como un remedio «excepcional, subsidiario y temporal», y una vía de último recurso. La limitación de la autonomía debe ser temporal: según el Tribunal, no cabe «ni la supresión de la autonomía ni su suspensión indefinida».