Financiación autonómica

La Ley 22/2009 regula el sistema desde el 1 de enero de 2009. Cede a las comunidades un porcentaje de grandes impuestos estatales: el 50 % del IRPF y del IVA, y el 58 % de los impuestos especiales sobre el alcohol, los hidrocarburos y el tabaco.

Para reducir las diferencias, el 75 % de los recursos tributarios de cada comunidad, junto con una aportación del Estado, integra el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que se reparte por habitante ajustado. El Fondo de Suficiencia Global actúa como cierre del sistema, y los Fondos de Competitividad y de Cooperación aportan recursos adicionales. Canarias, Ceuta y Melilla tienen particularidades.

La ley de 2009 preveía una evaluación del sistema cada cinco años, pero el modelo no se sustituyó en los años siguientes. El 4 de septiembre de 2026, el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó un acuerdo para un nuevo modelo que, según el Ministerio de Hacienda, aportaría 20.975 millones de euros adicionales y elevaría la cesión del IRPF al 55 % y la del IVA al 56,5 %. En esa fecha, el texto aún debía redactarse como ley, pasar por el Consejo de Ministros y tramitarse en las Cortes.

El debate enfrenta a los territorios que reclaman más recursos por su población o por su coste de prestar servicios con los que señalan su aportación neta al sistema. La Constitución enmarca la financiación en los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad (artículo 156).