Concierto económico y cupo vasco

Lo regula la Ley 12/2002. Las instituciones de los territorios históricos (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa) pueden mantener y regular su régimen tributario, y las diputaciones forales gestionan y recaudan los tributos. Es lo contrario del régimen común, en el que la mayor parte de los grandes impuestos los recauda el Estado.

Su base constitucional es la disposición adicional primera, que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.

Es una contribución a todas las cargas del Estado que no asume la comunidad autónoma, como defensa o relaciones exteriores (artículos 49 y 52). Cada cinco años, una ley aprobada por las Cortes, previo acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico, fija la metodología.

Para el quinquenio 2022-2026, la Ley 10/2023 mantuvo un índice de imputación del 6,24 % y fijó un cupo de 1.472 millones de euros para el año base 2022, antes de ajustes.

Navarra sigue un esquema similar mediante su Convenio Económico. Su contribución se llama aportación y se calcula aplicando un índice del 1,6 % a las cargas no asumidas, según el Gobierno de Navarra.

El principal punto de discusión es si el índice de imputación y los ajustes reflejan el peso económico real de estos territorios. Los críticos sostienen que el sistema les da ventaja frente al régimen común, y sus defensores subrayan su origen histórico y que estas comunidades asumen el riesgo de su propia recaudación.